Més per Menorca: Corrupción de baja intensidad

La preocupación por la corrupción se dispara ocho puntos, según la última encuesta publicada por el CIS. Según este sondeo el 47,5% de los encuestados coloca la corrupción como el segundo problema en España tras el paro.

El último caso de corrupción aparecido en Baleares, el caso Multimedia, supondría presuntamente el desvío de más de 300.000 euros públicos hacia los bolsillos de conocidos cargos del PSOE de Calviá. La empresa pública Multimedia encargaba estudios e informes que resultaban inservibles o que eran simples plagios de otros estudios, y por los que se pagaban auténticos dinerales. Recientemente han imputado a Antonio Manchado, exsenador socialista, por tres delitos, prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.

Tampoco quiero dejar de referirme a los vergonzosos casos de corrupción que han protagonizado altos representantes del PP. Unos casos que me avergüenzan aún más si cabe y que merecen toda mi repulsa e indignación.

Pero existe otro tipo de corrupción, una corrupción legalizada, una corrupción de baja intensidad, una corrupción que, siendo legal, también supone un malbaratamiento del dinero público.

Me refiero al hecho de que el Grupo Parlamentario Més tenga dos grupos parlamentarios, el de Més per Mallorca y el de Més per Menorca. Este hecho supone un gasto adicional para las arcas públicas de unos 250.000 euros por legislatura.

Hemos de recordar que, desde la primera legislatura con Joan F. López Casasnovas, hasta la octava, todos los representantes del PSM, Entesa, etc. de Menorca han formado parte del mismo grupo parlamentario que sus homónimos de Mallorca. El mismo diputado Nel Martí en la pasada legislatura formaba parte del Grupo Parlamentario Més junto con todos sus compañeros de Mallorca.

Por tanto, la decisión de formar dos grupos parlamentarios, retorciendo el Reglamento del Parlament, y que esto suponga cargar sobre las espaldas de los ciudadanos un gasto adicional de 250.000 euros, es ciertamente una tomadura de pelo y un robo legalizado. Ahora empezamos a saber lo que querían decir cuando hablaban de la nueva política y del rescate ciudadano. De momento, se han asignado 250.000 euros, de todos, para su propio rescate. Se ve que el rescate ciudadano tenía nombres y apellidos muy concretos.

Pero el hecho de que Més per Menorca tenga grupo propio y que esté formando parte del Govern de izquierdas, también ha obligado a encajar en la estructura del Govern una innecesaria conselleria: la conselleria de transparencia. Esta conselleria, comandada por Esperança Camps, se está demostrando totalmente prescindible. En nueve meses de gobierno todavía desconocemos una sola medida de mejora de la transparencia, mostrándose, a su vez, incapaz de cumplir con la Ley del buen gobierno, tantas veces cacareada por ellos. La propia consellera Camps no sólo está cuestionada por el PP, sino que sus propios compañeros del Consell de Govern ya la dan por amortizada.

En definitiva, el que Més tenga dos grupos parlamentarios y el hecho que hayan tenido que encajar, cupiera o no, una conselleria es, desde mi punto de vista, un caso de corrupción de baja intensidad, una burla a la ciudadanía y un robo legalizado. Pocas lecciones pueden dar los de Més de limpieza y honestidad mientras mantengan esta situación en el Parlament.