Ley de Finanzas, más transparencia y control en la gestión pública

El pasado 18 de diciembre el Parlament de les Illes Balears aprobaba la nueva Ley de Finanzas. Una ley que ha recabado un amplio consenso de todas las fuerzas políticas y que, como dijo el conseller de Hacienda, José Vicente Marí, es una ley de gran calado político, quizás la más política de cuantas leyes se han aprobado en esta legislatura.

La nueva Ley de Finanzas supone la actualización del Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Finanzas. Una actualización muy necesaria tras las diversas reformas normativas, tanto en el ámbito europeo, como a nivel nacional, que afectaron todos los resortes de la legislación de finanzas.

La crisis económica y financiera iniciada en el año 2007 puso de manifiesto que los mecanismos de disciplina presupuestaria, en materia financiera y de consolidación fiscal, vigentes hasta ese momento, eran insuficientes.

Se modificó la Constitución en su artículo 135 y se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Ambas iniciativas legislativas han impulsado medidas de mayor control del déficit y de consolidación fiscal, imprescindibles para el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo que ya estamos experimentando en Baleares y, en general, en toda España.

La nueva Ley de Finanzas, basada en el principio de estabilidad presupuestaria, amplía de forma más que notable las obligaciones de información, la transparencia de las finanzas públicas y refuerza el control de la gestión de la tesorería.

Se eliminan las partidas ampliables, de forma que ya no se podrán ampliar créditos financiados directamente con aumento del déficit, sino que todo aumento de crédito, en cualquier partida, se deberá compensar con la disminución de crédito en otra partida o del fondo de contingencia.

Con la nueva Ley de Finanzas se mejora de forma muy substancial la transparencia en las cuentas públicas, en la misma línea que nos demandan los ciudadanos. Se pone al alcance de todo el mundo, a través de la web del Govern, toda la información sobre el presupuesto, liquidaciones trimestrales, etc., de forma que los ciudadanos puedan conocer el destino del dinero procedente de sus impuestos y puedan llevar un seguimiento del mismo.

Otro aspecto positivo de la ley es que obliga a que el remanente de tesorería positivo que se produzca se dedique a la amortización de la deuda. Un elemento fundamental dado que el excesivo endeudamiento de nuestra comunidad es, quizás, uno de los mayores retos a los que nos tendremos que enfrentar en los próximos años.

Otro aspecto que me parece muy destacable es lo que se viene en llamar gasto estructural. Es el gasto que genera, año tras año, la puesta en marcha de una nueva inversión. Un gasto que hasta ahora no se tenía en cuenta y que ahora será un elemento decisivo a la hora de proyectar cualquier nueva inversión.

Esta ley permite, pues, un mayor control del dinero público, de forma que será imposible que se puedan dar los excesos y desmanes de la pasada legislatura. En definitiva, estamos ante una nueva Ley de Finanzas, aprobada con un amplio consenso, que mejora claramente la anterior, dota de mayor transparencia a la acción de gobierno y supone mayores procesos de control del gasto público. Unos objectivos que son compartidos por todos y que quedan bien reflejados en esta ley.