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Reforma fiscal y política social

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Hace apenas dos años España estaba al borde de la quiebra, sin liquidez para hacer frente a sus compromisos, sin poderse financiar en los mercados y con la espada de Damocles de la intervención sobre la cabeza.

En esos momentos, nuestra mayor losa era el déficit público, totalmente desbocado y sin control. De hecho, el año 2011, último de la era Zapatero, el déficit fue superior a los 90.000 millones de euros, unas cifras inasumibles que nos llevaban directamente al colapso. La desconfianza de los mercados era absoluta y esto se notaba en las dificultades de financiación, la subida de la prima de riesgo y el impago sistemático a los proveedores por parte del sector público.

Ante esta dramática situación, el gobierno entrante, el de Mariano Rajoy, tuvo que tomar medidas muy severas para controlar el déficit, para devolver la confianza a los mercados, para reducir la prima de riesgo y para evitar la intervención. Sólo tenía una salida: debía reducir drásticamente los gastos, aumentar los ingresos y poner en cintura a las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Eso llevó a que el gobierno Rajoy tomara una serie de decisiones que, en condiciones normales, jamás hubiera tomado. Tuvo que aplicar una serie de medidas extraordinarias para hacer frente a una situación de extraordinaria dificultad. Entre esas medidas cabe destacar la subida generalizada de impuestos.

A pesar de las críticas, también desde dentro del propio partido, se decidió subir los impuestos, a pesar que ello chocaba frontalmente con el ADN del propio Partido Popular. Se hizo lo que nunca hubiéramos hecho para salvar un bien superior que era la viabilidad económica de España como país. El tiempo, al final, ha acabado dando la razón al Gobierno de Rajoy. Después de dos años, España ha recuperado la confianza de los mercados, ya se puede financiar con total normalidad, la prima de riesgo está en mínimos, los proveedores cobran y España ha entrado en la senda del crecimiento y creación de puestos de trabajo.

Ahora, una vez se ha conseguido enderezar el rumbo de la nave y después de pedir fuertes sacrificios a los españoles, en especial a las clases medias del país, ha llegado el momento de afrontar una reforma tributaria que suponga una reducción generalizada de la presión fiscal y con mayor intensidad sobre las clases más perjudicadas por la crisis.

Curiosamente, los partidos de la oposición, que ya criticaron la subida de impuestos al principio de legislatura, ahora vuelven a oponerse a la bajada de los mismos, en un nuevo episodio de incoherencia y de insensatez.

Con esta reforma fiscal todos los trabajadores pagarán menos impuestos que en 2011 y, en cambio, las grandes rentas pagarán más. Se refuerza así la progresividad de nuestro sistema fiscal. También las grandes empresas pagarán más. Cabe recordar que en la anterior legislatura de Zapatero el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades, merced a una tupida red de deducciones y bonificaciones, era para las grandes empresas de sólo el 3,5%. De hecho, el tipo efectivo pasó del 16% en 2004, gobernando el PP, a sólo el 3,5% gobernando el PSOE. Ahora con esta reforma se limita las deducciones por beneficios de las grandes empresas, a favor de las pymes, que son las grandes beneficiadas de la rebaja del Impuesto de Sociedades.

Esta reforma supondrá que las rentas menores de 12.000 euros al año no van a tributar y que las de menos de 24.000 euros, es decir, el 72% de los contribuyentes, reduzcan su presión fiscal en un 23,5% de media. Mientras tanto, las rentas más altas, las superiores a 110.000 euros, tributarán más que con el gobierno Zapatero.

Otro aspecto destacable, que refuerza el aspecto social de la reforma, es que las plusvalías obtenidas con la dación en pago y el canje de las preferentes dejarán de tributar, en un intento de aliviar la presión fiscal sobre los que más han sufrido los efectos de la crisis económica.

Es importante remarcar que, paradójicamente, ha sido el gobierno Zapatero quien más protegió las grandes fortunas y las rentas más altas. Por un lado, eliminó el Impuesto de Patrimonio y por otro reforzó y potenció las famosas SICAV. En cambio, hizo recaer el mayor peso tributario sobre las clases medias y bajas. Con esta reforma, por fin, se reequilibra esta situación de forma que quien más gana, más pague, y quien menos gane, menos pague o no pague nada.

Esta reforma fiscal recupera, por tanto, buena parte de la progresividad que se perdió durante los años de gobiernos socialistas y rebaja de forma contundente la presión fiscal sobre las clases medias y bajas. Todo un acierto en la misma línea de recuperación económica y creación de empleo.


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